El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, han firmado un convenio de colaboración para implantar una oficina de información antiocupación en cada una de las provincias de la Comunidad.

El objetivo es prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, con las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

La información estará también disponible en el Portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, que derivará las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.

Según el artículo 245 del Código Penal, la ‘okupación’ de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o el mantenimiento en ellos contra la voluntad del titular, se castiga con una pena de multa de 3 a 6 meses.

La legislación hace que este proceso puede ser lento y complicado, y depende de si el demandante es un gran tenedor o una persona física, y de si el demandado está en situación de vulnerabilidad económica o social. La nueva ley de vivienda introduce cambios en los requisitos para presentar demandas por desahucios y en la protección de las personas vulnerables.

Además, esta legislación contra la propiedad, permite que los ‘okupas’ se puedan empadronar en la localidad donde residen y acceder a las ayudas como la renta mínima.

El consejero destacaba que la firma de este convenio responde a la vinculación de todos los poderes públicos con la protección y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33, y respecto del cual “el fenómeno de la ocupación representa un ataque frontal a los derechos y principios constitucionales, ante el que los poderes públicos no pueden permanecer pasivos”.

En este contexto, la Junta y el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León han acordado colaborar para ofrecer apoyo a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda, asesorándoles y atendiéndoles en sus necesidades y demandas.

Esta ayuda se canalizará mediante la implantación de una oficina de información en las sedes de cada una de las Cámaras de la Comunidad.

Compromisos

Las Cámaras de la Propiedad Urbana de la Comunidad se comprometen a prestar, desde sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas.

Se facilitará toda la información y asesoramiento que se solicite en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se compromete a confeccionar, facilitar y compartir con las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León la normativa, documentación informativa, datos estadísticos y demás información de interés necesaria para la prestación del servicio de información.

Este contenido y el proporcionado por las oficinas de información se incorporará a la página de 'Vivienda y Urbanismo' del Portal web de la Junta de Castilla y León.

Ambas entidades se comprometen a la recogida de datos de este fenómeno ilegal a fin de configurar documentación estadística que sirva para conocer la realidad de los hechos en la Comunidad y de orientación para las actuaciones de ambas instituciones en la materia.

Atención telefónica

El convenio recoge también la puesta a disposición del teléfono 012, de Atención al Ciudadano de la Junta, como canal de acceso a los ciudadanos afectados por la problemática de la ocupación de vivienda, que se encargará de derivar la llamada a los teléfonos de las distintas sedes de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.

El convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiéndose prorrogar por otros cuatro, y prevé una Comisión de Seguimiento paritaria para hacer efectivo su desarrollo, efectividad y eficacia.