Según denuncia la Unión de Campesinos de Segovia, el Gobierno, a través de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, ha eludido la responsabilidad de cumplir con la obligación establecida en la Ley 30/2022 de Gestión de la Política Agrícola Común (PAC). Esta ley, aprobada en diciembre de 2022, establece que en un plazo de nueve meses, vencido el 3 de octubre del año pasado, el Gobierno debía presentar un proyecto de ley para gestionar la fauna cinegética y silvestre y prevenir daños a la agricultura y ganadería. La solicitud de cumplimiento de esta obligación, realizada por la Unión, fue respondida de manera decepcionante por ambos ministerios.

El Ministerio de Agricultura se ha desentendido argumentando que solo tiene competencias en materia cinegética, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica ha rechazado redactar el proyecto, alegando falta de información sobre los daños causados. MITECO también ha mencionado que la protección de los cultivos es la mejor solución, y cualquier intervención en zonas de titularidad pública para el control poblacional requiere autorización de las Comunidades Autónomas. Para la Unión de Campesinos de Segovia - UCCL, estas respuestas son excusas para evadir responsabilidades, ya que el problema de los daños causados por la fauna silvestre es grave y en aumento, generando perjuicios económicos considerables.

La organización critica que no se haya trabajado en un proyecto de ley que incluya un inventario de daños y señala que las alternativas propuestas, como protectores y vallas, son costosas e ineficaces en muchas zonas. Además, resalta que los perjuicios no se limitan a las parcelas agrícolas, sino que también afectan a las granjas, ya que la fauna silvestre actúa como reservorio de enfermedades del ganado.

La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL reprocha a los ministros de Agricultura y Transición Ecológica por no haber considerado una ley que coordine instrumentos para resolver el problema y asignar fondos anuales para controlar la población y prevenir daños en áreas específicas. En respuesta a esta situación y otros problemas que afectan a los agricultores y ganaderos españoles, la UCCL ha convocado una protesta para el 21 de febrero en Madrid, que culminará frente al Ministerio.