La Unión de Uniones continúa sus convocatorias de protestas, destacando la falta de comprensión por parte de la Comisión Europea y el Gobierno de España hacia las preocupaciones de agricultores y ganaderos.
La organización ha mantenido un calendario de movilizaciones desde el 6 de febrero, con planes de realizar una gran tractorada en Madrid el 21 de febrero, frente al Ministerio de Agricultura.
La Unión de Uniones critica la respuesta tanto a nivel europeo como nacional, instando al Ministro Planas a defender el sector agrario ante las amenazas y exigencias que podrían llevar a la ruina de muchos agricultores. Se hace un llamamiento a los agricultores para que continúen las protestas y se unan a la gran tractorada el 21F.
A nivel europeo, la organización demanda medidas más significativas, incluyendo la implantación de cláusulas espejo en productos agroalimentarios importados y consideraciones especiales en políticas ambientales y climáticas que no afecten negativamente a las granjas. Se critica la falta de acciones concretas y fechas específicas en las propuestas anunciadas.
La organización detalla medidas específicas anunciadas a nivel comunitario, como la hoja de ruta para 2040 con reducción de emisiones en el sector agrario. Sin embargo, la Unión de Uniones señala la dificultad del sector para cumplir con estas metas, y critica propuestas como la derogación temporal de normas sobre barbecho, que consideran poco efectiva.
En cuanto a medidas nacionales, se critica la respuesta del Ministro de Agricultura, que se limita a la devolución del impuesto especial de hidrocarburos y repasar las ayudas ya implementadas. La ayuda extraordinaria anunciada es considerada insuficiente y tardía. La organización muestra escepticismo ante las propuestas anunciadas por el presidente del Gobierno, considerándolas como palabras sin propuestas concretas ni fechas específicas.
La Unión de Uniones también critica la política del Gobierno, destacando resistencia a medidas como el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, la Ley de Desperdicio Alimentario que aumentaría la burocracia y costos, y la implantación del Cuaderno Digital que la UE aún no exige. También se señala el desmantelamiento propuesto del Seguro Agrario, especialmente en líneas ganaderas, como ejemplos de políticas contrarias a las necesidades del sector.
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