El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, emitió un auto en respuesta a las autoridades suizas sobre la solicitud de asistencia judicial en el caso de Tsunami Democratic, que investiga delitos de terrorismo.

El juez señala que los tratados internacionales entre España y Suiza impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos. Destaca la falta de respuesta a una solicitud de reunión de coordinación y considera inadmisible la petición de explicaciones sobre una hipotética ley de amnistía.

En su auto, el juez considera que es “llamativa” la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democratic y con la investigada Marta Rovira. 

García Castellón recuerda que, en el Reino de España, así como en las democracias de la UE la función de los jueces “es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” y añade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar. 

García Castellón subraya la separación de poderes en España y la Unión Europea, rechazando la intervención judicial en cuestiones legislativas.

También aborda la solicitud de localización de Marta Rovira mediante cooperación judicial, explicando la proporcionalidad en la obtención de información bancaria hasta junio de 2020, vinculada a las actividades de Tsunami Democratic.