La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado dos recursos que buscaban responsabilizar económicamente a la Junta de Castilla y León por los perjuicios sufridos por empresas de hostelería debido a las restricciones implementadas para prevenir la propagación del Covid-19.

El Tribunal considera que dichas restricciones, tanto a nivel nacional como autonómico, fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación, y que no generaron derecho a indemnización por los posibles daños causados. La sentencia destaca que la sociedad en su conjunto tuvo que soportar las decisiones para preservar la salud pública, y cualquier reparación debería buscarse a través de las ayudas públicas en lugar de la responsabilidad patrimonial.

El Tribunal reconoce que las medidas adoptadas se ajustaron a la Ley General de Salud Pública, que excluye la obligación de indemnización por gastos derivados de medidas para preservar la salud pública. Se argumenta que las partes demandantes no lograron demostrar la falta de justificación, idoneidad y razonabilidad de las medidas, especialmente considerando el principio de precaución cuando la salud humana está en riesgo. La resolución destaca que las restricciones eran de carácter temporal y aplicadas de manera general para preservar la salud y la vida de los ciudadanos, no constituyendo una privación singular de bienes o derechos.

La actividad administrativa no se considera violatoria de principios legales como confianza legítima, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, motivación y buena regulación, siendo respaldada también por el Tribunal Constitucional. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, celebra la desestimación de los recursos, destacando que las medidas adoptadas fueron adecuadas dadas las circunstancias de incertidumbre durante la declaración del estado de alarma.