Los grupos de presión ecologistas han sacado adelante la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza votada este martes por los europarlamentarios, fijando el objetivo de “restaurar al menos el 20 % de sus zonas terrestres y marinas para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050”.

Según destaca la mayoría del Parlamento, la Ley de Restauración de la Naturaleza ha que ha sido consensuada con los Estados miembros, busca “regenerar los ecosistemas degradados de sus territorios, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria”.

Mientras tanto, la política energética de la Unión y de la mayoría de sus estados, se centra en la instalación de enormes plantas fotovoltaicas y molinos de energía eólica obviando su impacto ambiental en el entorno rural, marino y costero.

Según el estudio de Mariutti, la energía solar fotovoltaica emite entre 170 y 250 gramos de CO2 por cada Kw/h. Una emisión mucho más contaminante que la que se obtiene mediante el gas natural con captura de carbono, cuya contaminación se estima en 50 gramos de CO2/Kwh.

La Ley promovida por los grupos de presión ecologistas fija varios objetivos, obligando a los Estados miembros, que deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats contemplados en la nueva ley (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60 % en 2040 y al 90 % en 2050. De acuerdo con la posición del Parlamento, los países de la UE deben dar prioridad a las zonas de la Red Natura 2000 hasta 2030. Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.

Con vistas a mejorar la biodiversidad de los “agroecosistemas”, los países miembros habrán de avanzar en dos de los tres indicadores siguientes: “el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad”.

El tremendo daño que esta Ley causará en el sector agrario y ganadero, también lo ha previsto el Parlamento. Por ese motivo, “la Ley incluye un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE”.

Por otro lado, la Ley exige una evolución positiva de varios indicadores en los ecosistemas forestales y que se planten 3.000 millones de árboles más sin precisar dónde, cómo y cuándo.

Una Ley contra el regadío

Los Estados miembros, incluidos los de regiones donde menos llueve, también tendrán que convertir al menos 25.000 km de ríos en cauces libres y garantizar que no se produzca una pérdida neta de la superficie nacional total de espacios verdes urbanos y de cubierta arbórea urbana.

El ponente César Luena se ha arrogado la representación de la “comunidad científica” destacando que “debemos dar las gracias a la comunidad científica por luchar contra el negacionismo climático y aportar las evidencias, y a la juventud por recordarnos que no hay planeta B ni plan B».

En un delirio regulacionista final, y sin la más mínima evidencia empírica, la Comisión destaca que “la nueva Ley reportará importantes beneficios económicos, ya que cada euro invertido se traducirá en al menos ocho euros de beneficios”. Lo que no precisa la Comisión es dónde irán los ocho euros de beneficio por cada euro invertido.

El acuerdo alcanzado con los Estados miembros se adoptó con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones.