La reciente aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza por el Parlamento Europeo ha generado preocupación en la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), especialmente en la región de Castilla y León. La normativa exige que los Estados miembros restauren al menos el 30%, 60% y 90% de hábitats dañados para 2030, 2040 y 2050, respectivamente, con prioridad en las áreas de la Red Natura 2000.

A pesar de permitir una suspensión temporal de un año en circunstancias excepcionales para ecosistemas agrícolas, ASAJA teme que esta ley limite significativamente la producción agroganadera en una parte importante de Castilla y León. Tras numerosas protestas de agricultores en Bruselas, Madrid y toda Europa, ASAJA critica que la Unión Europea haya abandonado los objetivos de la Política Agraria Común (PAC), comprometiéndose a la no defensa de la soberanía alimentaria y a la asequibilidad de los precios.

La imposibilidad de aplicar cláusulas espejo a Terceros Países y la falta de presupuesto para la nueva ley, que podría recaer en la PAC, son aspectos que ASAJA considera como una traición al sector agropecuario. La inclusión exclusiva de las áreas de Red Natura 2000 afectará aproximadamente al 40% de la superficie total de España, poniendo en riesgo la rentabilidad económica de la agricultura y la ganadería en estas zonas.

La no eliminación de la cláusula de no deterioro después de la restauración también preocupa a ASAJA, ya que podría dar lugar a situaciones absurdas, como la incapacidad para realizar mejoras en infraestructuras o construir refugios para el ganado en zonas recuperadas.

La ley ahora pasa al Consejo de la UE antes de su entrada en vigor, y ASAJA continuará trabajando para reducir su impacto en España. Sin embargo, la preocupación persiste en torno a los planes nacionales, ya que podrían generar distorsiones de mercado y socavar el principio del mercado común de la UE.

La comunidad agraria, forestal y cooperativa de Europa, representada por COPA-COGECA (que incluye a ASAJA), muestra su desacuerdo con la forma en que se ha construido e impulsado la ley. A pesar de apoyar la restauración de la naturaleza, consideran inaceptable la aplicación de esta ley y abogan por resolver los problemas financieros y de apoyo a los gestores de tierras a largo plazo.