La propuesta se basa en la evidencia recopilada a través del testimonio remitido desde el Juzgado de lo Penal 1 de Zamora, que sugiere indicios racionales de criminalidad contra el senador. La acusación se centra en un presunto delito contra la seguridad vial, ya que se alega que Baltar conducía a 215 kilómetros por hora en un tramo de velocidad limitada a 120 km.

La instructora, Ana Ferrer, expone los indicios en la causa, destacando que el vehículo de Baltar fue detectado a 215 km/h por un dispositivo de medición en la autovía A-52, superando la velocidad máxima permitida en ese tramo. La propuesta incluye la solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria mediante el suplicatorio al Senado para permitir la continuación del proceso penal. Además, se menciona que Baltar fue sancionado administrativamente por circular a esta velocidad, pero la magistrada sostiene que esto no impide el procedimiento penal, según la jurisprudencia aplicada.

La documentación presentada a la Sala de lo Penal detalla los resultados de la medición, certificados de verificación del dispositivo de medición Autovelox 106 y señala que este operaba anclado a un punto fijo, aplicando un margen de error del 5%. La propuesta destaca que la sanción administrativa previa no excluye la acción penal, y se considera que los indicios recopilados justifican la continuación del proceso a través de los trámites del Procedimiento Abreviado, previa autorización del Senado.

Baltar es un senador designado por el Parlamento de Galicia y miembro de la Diputación Permanente del Senado.