La organización agraria ASAJA de Castilla y León considera positivo el documento recibido del Ministerio de Agricultura, que plantea cambios en las normas que regulan la Política Agrícola Común (PAC) hasta 2027. Estos cambios, algunos de los cuales serían aplicados de inmediato, son resultado de la presión ejercida por el sector agrario español y europeo, así como de la unidad de acción de las organizaciones profesionales agrarias.

ASAJA destaca que estos cambios “son un primer paso”, aunque insiste en que “las propuestas ministeriales están lejos de satisfacer las principales demandas del sector”. Critica aspectos legislativos sin abordar, la falta de medidas para proteger los mercados de la competencia desleal de terceros países, especialmente en el mercado del cereal, y la ausencia de alivio en la carga burocrática.

La organización pide a la Junta que actúe de manera similar en el ejercicio de sus competencias, instando a flexibilizar la parte de la PAC que corresponde a la comunidad autónoma. Además, solicita la simplificación de la gestión de explotaciones y la tramitación de ayudas antes del 30 de abril, con cambios urgentes que espera se concreten en el Consejo Agrario.

ASAJA denuncia la falta de avances en las negociaciones con otros ministerios, especialmente con Hacienda en asuntos fiscales y con Transición Ecológica en temas como la política hidráulica y los daños de la fauna salvaje, en particular del lobo. La organización subraya la necesidad de mantener la presión y la negociación para lograr avances significativos en beneficio de los agricultores y ganaderos.

Respecto a las propuestas del Ministerio en la PAC (PEPAC 23-27), se destacan algunos cambios relevantes, como la voluntariedad del cuaderno digital, el inicio de la rotación de cultivos obligatoria al cuarto año en 2023 en lugar de 2021, y la flexibilización de prácticas agrícolas en ecorregímenes, como permitir labores verticales en cultivos herbáceos de invierno y eliminar límites de barbecho en ciertos casos.