La Junta de Castilla y León insiste en la necesidad de garantizar la financiación total de las plazas de ayudante doctor para cumplir con la recién aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en Madrid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha expresado la posición firme de la comunidad en este aspecto.

Durante los últimos años, la Junta ha respaldado de manera contundente la labor docente e investigadora en las universidades mediante diversas medidas, como ayudas al estudio, reducción de precios públicos y creación de oportunidades de contratación. Asimismo, se ha trabajado para fortalecer la transferencia de conocimiento hacia el ámbito social y empresarial.

En este contexto, Rocío Lucas ha instado al Ministerio de Educación a asumir el 100% de la financiación de las nuevas plazas de ayudante doctor durante el período transitorio que establece la nueva normativa. La consejera argumenta que esta medida, impuesta por una ley aprobada sin consenso, tendrá implicaciones estructurales en los sistemas universitarios que deberán ser sufragadas por las comunidades autónomas.

Gracias al respaldo de varias autonomías, la ministra ha propuesto duplicar la financiación inicialmente planteada, una propuesta que Castilla y León analizará detenidamente una vez que se conozcan más detalles. Además, se ha solicitado que cualquier compromiso financiero por parte del Ministerio se destine de manera específica a las comunidades autónomas y se retome el grupo de trabajo creado para garantizar una correcta implantación de la LOSU.

Rocío Lucas ha expresado su preocupación por el funcionamiento actual del grupo de trabajo, señalando que no se están considerando las propuestas de las administraciones autonómicas. Lamenta también que los consejeros hayan tenido que enterarse por los medios de comunicación de propuestas que impactan directamente en la implementación de la nueva normativa.

La consejera critica tanto el contenido como el proceso de implantación de una ley aprobada sin consenso y sin tener en cuenta la financiación necesaria para su ejecución sin generar incertidumbres.