Una investigación internacional coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO) en Venecia, Italia, ha resultado en una redada masiva que ha llevado a 22 detenciones en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia. La operación se centra en desmantelar una presunta organización criminal acusada de defraudar 600 millones de euros al Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) de la Unión Europea destinado a Italia.

La Policía Financiera de Venecia ha congelado activos por valor de más de 600 millones de euros, cumpliendo una orden judicial. Las detenciones se han llevado a cabo con la cooperación de las fuerzas del orden de los países implicados. Ocho personas han sido enviadas a prisión preventiva, 14 están bajo arresto domiciliario, y un contador ha sido prohibido de ejercer su profesión. Se han realizado registros e incautaciones en locales vinculados a los sospechosos y empresas investigadas.

La Fiscalía Europea ha identificado una asociación criminal presuntamente responsable de un plan de fraude entre 2021 y 2023, dirigido a obtener fondos del Plan Nacional Italiano de Recuperación y Resiliencia (NRRP), parte del FRR. Este plan es un componente fundamental del NextGenerationEU, el plan de recuperación de la UE.

Los presuntos miembros de la organización criminal solicitaron subvenciones para respaldar la digitalización y la innovación en pequeñas y medianas empresas, utilizando balances corporativos falsificados para aparentar actividad y rentabilidad en empresas ficticias e inactivas. Se alega que contables, proveedores de servicios y notarios públicos colaboraron en el proceso.

La investigación sugiere que los sospechosos utilizaron tecnologías avanzadas, como VPN, servidores en la nube en el extranjero, criptoactivos y software de inteligencia artificial, para llevar a cabo el fraude y ocultar sus actividades ilegales.

Es importante señalar que todas las personas involucradas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales italianos competentes. La Fiscalía Europea (EPPO), como fiscalía independiente de la Unión Europea, es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.