ASAJA de Ávila denuncia la falta de sensibilidad hacia los derechos reconocidos por el Tribunal Supremo en 2022, que permite a los titulares de derechos sobre aguas subterráneas anteriores a 1986 registrar sus sondeos en el catálogo de aguas privadas del organismo de cuenca.

La situación se agrava para los agricultores, como el joven de Madrigal de las Altas Torres, que heredan pozos familiares inscritos en el registro de minas pero no en el catálogo de aguas subterráneas de la Confederación. Estos regantes se enfrentan a sanciones que rondan los 60.000 euros por regar con los mismos pozos que han utilizado durante generaciones para producir alimentos.

Además, ASAJA señala la falta de apoyo de la Confederación para la rotación de cultivos en los riegos por sondeo, así como la demora en la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS), una medida impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica que no está siendo facilitada adecuadamente.

En respuesta a esta situación, ASAJA de Ávila ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero y al Ministerio de Transición Ecológica que retiren, archiven y detengan todos los expedientes sancionadores dirigidos a estos regantes, y que se busque una solución definitiva para los propietarios de pozos de minas y aquellos que practican la rotación de cultivos en parcelas incluidas en CUAS en formación.