El presidente de la Junta de Castilla y León y los rectores de las instituciones universitarias públicas de la Comunidad han suscrito un protocolo de colaboración para desarrollar un Plan de Inversiones, hasta el año 2031.
El Plan contempla 43 millones de euros para infraestructuras de la Universidad de Salamanca, 43 millones para la de Valladolid, 19,5 millones para la de León y otros 19,5 millones para la Universidad de Burgos. El plan extraordinario contempla nuevas inversiones destinadas a la implantación y mejora de sus titulaciones universitarias oficiales, hasta el año 2031, por un importe total de 125 millones de euros.
El protocolo suscrito permitirá destinar 43 millones de euros a la Universidad de Salamanca para la nueva Facultad de Veterinaria, un nuevo edificio deportivo y multiusos en el campus de Ávila y la ampliación de dotaciones en los campus de Zamora. A esto hay que sumar la construcción de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en el campus de Béjar, con una partida adicional de 600.000 euros dentro del Plan Territorial de Fomento de Béjar.
Dentro de este acuerdo, Mañueco ha avanzado que otros 43 millones se invertirán en la Universidad de Valladolid, en concreto para la nueva Facultad de Farmacia, la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina, la tercera fase del campus de Segovia, la ampliación de Ingenierías Agrarias en el campus de Palencia y otras instalaciones para Ciencias de la Salud en el campus de Soria.
Asimismo, 19,5 millones de euros se asignarán a la Universidad de León para el nuevo edificio de la Facultad de Medicina. A esta cantidad hay que añadir los 5 millones adicionales ya previstos para el nuevo edificio de policlínica ubicado en el campus de Ponferrada, con cargo al Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.
Finalmente, se destinarán otros 19,5 millones a la Universidad de Burgos para el nuevo edificio de su Facultad de Medicina.
La distribución de estos fondos se realiza de acuerdo con los criterios del sistema de financiación universitaria de Castilla y León, teniendo en cuenta las necesidades de inversión, la voluntad compartida de implantar un nuevo grado en cada caso, y el tamaño y el número de alumnos y de campus.
Según este acuerdo serán las propias universidades las que programarán las obras y llevarán a cabo las licitaciones, partiendo de una planificación conjunta y en cooperación entre las instituciones universitarias y la Junta de Castilla y León.






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