La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ofrece su colaboración para que el gobierno dialogue con los golpistas en Cataluña.
Ante la violación de las leyes y el Estatuto de Autonomía por parte de la Generalidad de Cataluña los obispos, reunidos en la Conferencia Episcopal, han sido incapaces de condenar el alzamiento sedicioso por parte del gobierno catalán y los grupos supremacistas con mayoría parlamentaria en la Comunidad Autónoma.
En su declaración, la Conferencia Episcopal se une a los obispos con sede en el territorio de Cataluña, y afirman que son “los auténticos representantes de sus diócesis”.
La Conferencia Episcopal, en su nota de prensa, asevera que “en especial invitamos a la oración por quienes en este momento difícil “tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social”, a fin de que todos seamos guiados “por la sensatez, y el deseo de ser justos y fraternos”, y con responsabilidad “avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz”.
Mientras las turbas supremacistas atacan las sedes del Partido Socialista o Ciudadanos, destrozan vehículos de la Guardia Civil y roban armas y municiones de los agentes, los obispos afirman que “la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la Doctrina Social de la Iglesia”.
Los obispos, en su declaración, hablan de “los derechos propios de los diferentes pueblos que configuran el Estado” olvidando que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y confundiendo el Estado con la Nación.
Para hacer posible el “diálogo honesto y generoso”, los obispos piden que las autoridades judiciales, la administración o los partidos políticos “eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales”.
La Conferencia Episcopal hace una “llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración sincera al dialogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos” igualando a quienes respetan la Ley y los que pretenden convertir en extranjeros a millones de ciudadanos españoles privándoles de sus derechos.





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