La experiencia demuestra que en Castilla y León cada vez que el PP y Ciudadanos se ponen de acuerdo en alguna medida de supuesta “regeneración democrática” es obligado ponerse en guardia, no vaya a ocurrir que el remedio sea peor que la enfermedad. Ya sucedió con la propuesta de la Plataforma de Defensa de lo Publico (PLADEPU) de regular el “whistleblowing”, el amparo y protección de los funcionarios que denuncien irregularidades en la gestión pública. Entre PP y Ciudadanos consiguieron pervertir la iniciativa de tal guisa que, en lugar de proteger a los denunciantes, la regulación de dicha figura se tornó en una amenaza para ellos. El engendro se aprobó en octubre de 2016 con el único apoyo de ambos partidos, sin que hasta la fecha se tenga constancia de que haya habido un solo funcionario que haya incurrido en la temeridad de presentar denuncia alguna.

El pasado verano Ciudadanos se descolgó con la exigencia de suprimir los aforamientos en la comunidad como condición para apoyar los siguientes Presupuestos de la Junta, sin que el PP se diera en modo alguno por aludido. El partido naranja pretendía extender a Castilla y León el precedente sentado en Murcia, donde los populares no tuvieron más remedio que acceder a la supresión de los aforamientos, ya que esa fue justamente la condición impuesta por Ciudadanos para facilitar la investidura del nuevo presidente de la comunidad. Dicha supresión se llevó a efecto mediante una reforma exprés del Estatuto de Autonomía que fue aprobada en septiembre por el Congreso de los Diputados (por cierto, con la abstención del PP).

Pues bien, ayer los portavoces parlamentarios de ambos partidos, Luis Fuentes (C´s) y Raúl de la Hoz (PP), se dirigieron al resto de los grupos para proponerles una reforma similar, solo que con una diferencia muy grosera: Mientras en Murcia se ha suprimido el aforamiento tanto de los diputados regionales como del presidente y los consejeros del gobierno autonómico, en Castilla y León PP y Ciudadanos proponen que la supresión afecte exclusivamente a los procuradores, manteniendo el aforamiento para el presidente de la Junta y demás miembros del Consejo de Gobierno.

El socialista Luis Tudanca ya ha adelantado que el PSOE, cuyo apoyo es imprescindible ya que la reforma requiere mayoría cualificada de dos tercios, no se va a prestar a semejante componenda. Y es de suponer que ni Podemos ni IU se prestarán a tal apaño.

El hecho confirma las sospechas sobre el temor reverencial del inquilino del Colegio de la Asunción a perder su condición de aforado, lo que por otra parte es muy comprensible ante el horizonte penal de las investigaciones judiciales en curso en torno a asuntos tan turbios como la Perla Negra, el polígono de Portillo y la “trama eólica”.