Con la altanería que le caracteriza, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia. José Antonio de Santiago-Juárez, afeó hace unos días al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) sus objeciones sobre el decreto elaborado por la Junta de Castilla y León en la materia, acusando a Emilio Silva poco menos que de hablar sin saber de que hablaba.

Pero si alguien desbarraba, ese era una más el ínclito De Santiago-Juárez, también conocido como Pica o como El Pica (con artículo o sin él según el grado de familiaridad). Silva, quien lleva más de 10 años volcado en esta actividad y quien en el año 2000 consiguió recuperar de una fosa común los restos de su abuelo, fusilado en Priaranza del Bierzo, sabía perfectamente de lo que hablaba. Y es que el decreto en cuestión no satisface ni por asomo las aspiraciones de la mayor de las asociaciones que, contra viento y marea, vienen luchando denodadamente por dignificar la memoria y recuperar los restos de los fusilados y desaparecidos durante la guerra civil y los posteriores años de represión franquista.

No es solo la ARMH la que se muestra crítica con el decreto de la Junta, cuyo considera “bastante desafortunado” y su dotación económica (100.000 euros) insuficiente. Ayer el Foro de la Memoria Histórica de Castilla y León, integrado por el Foros por la Memoria de Zamora Segovia, valle del Tiétar y Vera, Verdad y Justicia de Valladolid y Farinatos por la Memoria, dejó constancia de su manifiesto rechazo ante la consejera de la Presidencia. Dichos colectivos discrepan tanto de la forma como del fondo de dicho decreto, y piden su retirada y sustitución por un anteproyecto de Ley similar al ya aprobado por otras comunidades autónomas que han tomado como referencia la llamada Carta de Vicálvaro, suscrita por 88 colectivos de toda España.

El citado foro considera que el decreto adolece de numerosas carencias y no responde “al cumplimiento del derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo en línea con las recomendaciones de la ONU al Estado español”. Al mismo tiempo piden que se reactive la mesa de trabajo constituida en su día por las Cortes, cuyo funcionamiento se ha visto bloqueado sin que la mayor parte de los colectivos de Memoria Histórica constituidos en Castilla y León hayan sido escuchados.

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