El mismo día (viernes 5) que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, comparecía ante la comisión parlamentaría creada para investigar el desastre financiero de las cajas de ahorro gallegas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, participaba en Valladolid en un foro del Banco de Santander en el que abogaba por pasar página sobre la liquidación en almoneda de las seis antiguas Cajas de Castilla y León.

Obsérvese la diferencia. En Galicia el Parlamento mantiene abierta una investigación para depurar posibles responsabilidades políticas en el desaguisado y ante ella ha tenido que responder el presidente de la comunidad, aunque haya sido para escurrír el bulto y echar la culpa de todo al Banco de España, que según él, politizó el proceso. (Otra vez el “haga usted como yo, no se meta en política” atribuido a su ilustre paisano el caudillo de El Ferrol).

Por el contrario, en Castilla y León, el PP y el PSOE, compañeros de odisea en las Cajas, rechazaron en su día la petición de IU de constituir esa comisión de investigación, no dándose en ningún momento por concernidos del fiasco financiero, y menos aún del expolio, en algún caso auténtico saqueo, de nuestras antiguas entidades de ahorro.

De forma que tenemos a Juan Vicente Herrera, sin ninguna duda el máximo responsable político del desastre, refiriéndose a la desaparición de las Cajas como si ello se hubiera sido consecuencia de una especie de catástrofe natural, un terremoto o similar, del que ningún humano es responsable. “No debemos de caer en la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue”, dice con el desahogo propio del político que considera a sus conciudadanos unos perfectos imbéciles. Y una cosa es que con su mayoría parlamentaria pueda impedir una comisión de investigación –no ha habido ninguna, todo un record, en los 12 años de “herrerato”- y otra que vaya a borrar de nuestra memoria lo que todos hemos visto en estos últimos años.

Y hemos visto que el olvidadizo Herrera tiene una doble responsabilidad en todo el desaguisado de las Cajas. Por una parte, como máximo dirigente del PP de Castilla y León, y por otra, como presidente de la comunidad. Bajo este doble mandato se incrementa la presencia política directa en los órganos de las entidades de ahorro y se tutela una lamentable gestión financiera que ha conducido a la quiebra mas absoluta. Fue Herrera quien impulsó la reforma de la Ley de Cajas que elevó la cuota política en las asambleas y consejos de administración, el que avaló los pactos que situaron a Santos Llamas, Julio Fermoso y José María Arribas  en las presidencias de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos, el que  impulsó la nefasta fusión de España y Duero y quién pactó, al parecer con José Luis Rodriguez Zapatero, el no menos nefasto nombramiento de Evaristo del Canto, un mediocre directivo cuya incompetencia ha llevado al banco CEISS a su ruinosa situación.

Fue Herrera quién volvió a reformar la Ley de Cajas para prorrogar más allá de los 12 años el mandato de los presidentes de Caja Segovia y Caja Ávila, Atilano Soto y Agustín González, quienes en el pecado de conducir a ambas cajas hacia el abismo de Bankia llevan la penitencia de estar imputados como consejeros del tinglado que presidiera el compañero Rodrigo Rato.

Fue el gobierno Herrera el que en última instancia autorizó la integración de Caja Ávila y Caja Segovia en Bankia, cosa que podía haber evitado simplemente con aplicar el derecho de veto del que se dotó la comunidad mediante la enésima reforma de la Ley de Cajas pactada por el PP y el PSOE. Exactamente lo mismo que sucedió con la integración de Caja Burgos en Banca Cívica, paso previo a su absorción por Caixa Bank.

Y fue el gobierno Herrera el que, en aplicación de la Ley de Cajas, ha autorizado, uno por uno, todos los créditos concedidos a los miembros de los consejos de Administración de las entidades de ahorro de la comunidad. Es decir, el que permitió que Santos Llamas obtuviera de Caja España créditos y avales por importe superior a los 70 millones de euros, que Francisco Rubio Garcés lo hiciera de Caja Duero por encima de los 50 millones y que José María Arribas financiase sus  empresas con mas de 34 millones de Caja Burgos. Todo ello mediante decenas de operaciones crediticias autorizadas por la consejería competente, que entre 2003 y 2007 era la de Hacienda (Pilar del Olmo) y de mediados de 2007 en adelante la de Economía (Tomás Villanueva).

De todo esto y de todos los estragos sociales ocasionados por el hundimiento de las Cajas (el pufo de las participaciones preferentes y la deuda subordinada, los miles de puestos de trabajo destruidos, la agonía por inanición de la otrora importantísima obra social…) quiere olvidarse demasiado pronto el desmemoriado Juan Vicente Herrera. ¡Como si él, que ha sido sin la menor duda el máximo responsable político, no hubiera tenido nada que ver con tan monumental fiasco…!

El blog de Pedro Vicente

(Publicado el 8 de julio de 2013)