A falta de otras iniciativas de interés público, Ciudadanos ha pretendido hacer un mundo del hecho de que los 10 procuradores de Podemos y los dos del grupo mixto (IU y UPL) decidieran no acudir el lunes al acto institucional celebrado en las Cortes para conmemorar conjuntamente el 40 Aniversario de la Constitución y el 35 del Estatuto de Castilla y León, pretendiendo que a los cinco de ellos que tienen dedicación exclusiva por cuenta de la Cámara les sea deducida la parte proporcional de su salario.

Vaya por delante que a “El topillo” la ausencia de Podemos le pareció bastante incongruente, ya que afirmó que no estaba en contra del acto en sí, sino de que los procuradores no “liberados” cobraran la dieta establecida por asistencia a plenos y comisiones (220 euros). Lo coherente con esa posición hubiera sido que los siete procuradores del grupo morado sin dedicación exclusiva hubieran renunciado sin más al cobro de dicha dieta.

Harina de otro costal son las razones esgrimidas por el procurador de IU, José Sarrión, quien explicó su deseo de no participar en el acto conmemorativo de una Constitución que, en lo referido a los derechos sociales que consagra, no sea aplica. El procurador leonesista, Luis Mariano Santos, ni siquiera se molestó en justificar su ausencia, ya que, siguiendo los principios de su partido, no asiste a ningún acto conmemorativo del Estatuto de Castilla y León.

Algo tan elemental como que se puede ser procurador, lo mismo que diputado o senador, y tener derecho a objetar sobre la Constitución Española, no digamos ya sobre cualquier Estatuto de Autonomía, al parecer no cabe en la concepción democrática que tiene de la política un partido como Ciudadanos, que paradójicamente se proclama liberal. (Al menos en la concepción de su ínclito portavoz parlamentario en Castilla y León, Luis Fuentes, y de su efímero diputado del Congreso, Pablo Yáñez, que son los que pretenden penalizar económicamente a quienes tienen la osadía de cuestionar el actual marco jurídico-político).

Aunque la verdadera osadía es la de Yáñez, quien, careciendo actualmente de mandato representativo obtenido en las urnas, se permite ejercer de censor político de quienes sí lo tienen. Con el agravante añadido de que Ciudadanos le paga un sueldo (de cuantía desconocida incluso por los propios militantes del partido) con cargo a la subvención mensual que el partido recibe de la institución parlamentaria. Es muy frecuente que se ponga hablar precisamente quien tiene más motivos para callar.

El topillo de Castilla y León