El Procurador del Común recibió varias quejas en las que se ponía de manifiesto la falta de plazas para los viajes en el Club de los 60 y la mala gestión que se hacía con las listas reserva. Admitida la queja a trámite se comprobó que las plazas ofertadas en toda la Comunidad en los años 2016 y 2017 fueron 29.218 y 30.218 respectivamente. Sin embargo, esta oferta hay que relacionarla con las cifras de solicitantes en esos mismos ejercicios.

En 2016 hubo un total de 49.159 solicitantes, viajando finalmente 27.962 personas a 33 destinos diferentes, no pudiendo acceder a ningún viaje 23.295 personas. Y en 2017 se registraron 50.876 solicitantes, no pudiendo viajar 23.392 personas.

El motivo que argumenta la Administración autonómica para justificar estas cifras es que de las 23.295 y 23.292 personas que no pudieron viajar en las convocatorias de 2016 y 2017, 9.089 y 9.306 respectivamente renunciaron al viaje. Aún así, quedarían 14.206 y 14.086 personas en cada uno de esos ejercicios a los que no se les adjudico ningún viaje y tampoco pudieron acceder a la lista de reserva.

Se señala, no obstante, por la Administración que en el caso de 2017 muchas de estas personas, después de los intentos de llamada realizados para cubrir las vacantes, bien renunciaron al destino, no contestaron o bien aceptaron el viaje pero posteriormente también renunciaron al mismo.

Las cifras reflejan, pese a los numerosos casos en los que la falta de adjudicación del viaje pudiera ser por causas ajenas a la propia Administración, que no pocas personas no han resultado beneficiarias de algún viaje.

El Procurador del Común propone la posibilidad de estudiar el establecimiento de un sistema más riguroso o efectivo de las comunicaciones a los interesados en la gestión de las listas de reserva, mediante un medio de notificación que garantice una mayor seguridad jurídica y ampare los derechos de los solicitantes.

Se trata con ello de fomentar la posible mejora de la gestión y regulación del programa para adaptar la oferta a las necesidades de la demanda actual y garantizar una mayor objetividad y seguridad jurídica en el acceso o participación de los solicitantes.