Es una verdadera lástima que el reciente viaje realizado por un delegación castellano-leonesa a los campamentos de Tiinduf, modélico en cuanto a unitario ejemplo solidario con la población saharaui en ellos refugiada, se haya visto empañado por una absurda polémica derivada de la decisión de la Mesa de las Cortes de sufragar el coste del mismo a un representante de cada uno de los cinco grupos parlamentarios.

Al regreso de la expedición, la portavoz adjunto del grupo de Podemos, Natalia del Barrio, ha exhibido una certificación de una indeterminada entidad bancaria haciendo constar que con fecha 16 de enero transfirió a una cuenta de la Delegación Saharaui en Castilla y León el importe de 450 euros correspondiente a su participación en dicho viaje. Y de igual forma, el procurador de IU y portavoz del grupo mixto, José Sarrión, ha manifestado que abonó “de su bolsillo” el mismo importe el pasado 29 de enero.

La polémica ha surgido después de que “El topillo” diera a conocer la pasada semana que, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara (reunión de 16 de febrero), la institución se había hecho cargo del coste del viaje tanto de Del Barrio y Sarrión, como del portavoz del grupo socialista, Luis Tudanca, la portavoz adjunta del grupo popular, Mar González Pereda, y del procurador de Ciudadanos José Ignacio “Pocholo” Delgado. Otros tres procuradoras, dos de Podemos (Laura Doomínguez y Adela Pascual) y una del PP (Irene Cortés) han participado en el viaje a título personal, abonando de su pecunio los 450 euros de vellón.

Ante la confusión generada, el Gabinete de Prensa de las Cortes difundió ayer un comunicado manifestando su sorpresa al conocer que Sarrión y Del Barrio habían abonado previamente el importe del viaje a la Delegación Saharaui, ya que el acuerdo de la Mesa de sufragar el coste correspondiente a un representante de cada grupo fue comunicado verbalmente a la Junta de Portavoces (a la asisten regularmente ambos procuradores) y por escrito a todos los grupos parlamentarios, “sin que por ninguno de ellos se hiciera ninguna observación”.

Como no puede ser de otra forma, a “El topillo” le parece estupendo que dichos procuradores se hayan sufragado por sí mismos el viaje, lo que permitirá a la institución parlamentaria recuperar los 900 euros correspondientes, que serían 1.350 más si Tudanca, González Pereda y Delgado se animaran a hacer lo propio a posteriori.

En realidad, sería lo menos que deberían de hacer en atención hacia las otras tres procuradoras que se han rascado el bolsillo, las cuales, al contrario que Tudanca, Sarrión, González Pereda y Del Barrio, no perciben de las Cortes un salario bruto anual de 70.368 euros anuales, al que se añade de una “indemnización” fija (1.800 euros mensuales en el caso de los dos primeros y 1.440 euros en el caso de las dos últimas) exenta además de tributación a Hacienda, lo que sitúa su retribución total en 91.968 y 87.648 euros, respectivamente. Una “morterada” con la que sin duda pueden permitirse tamaña generosidad.

El topillo de Castilla y León