“Nunca estuve en una comisión de control en la que se controlara menos”, reconoció José Sagredo durante su comparecencia ante la comisión constituida en las Cortes para investigar el desaguisado de las fenecidas cajas de ahorro de la comunidad.

“Controlábamos muy poco porque el horno de las decisiones era el Consejo de Administración y era el presidente el que nos servía o que estimaba oportuno o relevante”, añadió Sagredo. El presidente no era otro que el empresario José María Arribas, actualmente encausado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en relación con los 34 millones de euros de créditos fallidos concedidos por la caja burgalesa a su grupo empresarial, desaparecido más tarde mediante el oportuno proceso concursal.

El papel decorativo -eso sí, remunerado con sustanciosas dietas- de las comisiones de control ya había quedado de relieve una semana antes durante la comparecencia de la ex presidenta de la de Segovia, Rosario Díez, quien afirmó haberse enterado “por la prensa” de las millonarias indemnizaciones (en total, 34 millones de euros) del que fuera director general, Manuel Escribano, y otros siete ejecutivos de la extinta caja segoviana.

Mientras Sagredo y Díez han comparecido de buen grado y con el mejor tono ante la comisión de investigación, la nota discordante, tanto en el fondo como en la forma, la puso la pasada semana el ex presidente de la Comisión de Control de Caja Ávila. Fernando Martín Fernández, militante del PP, mantuvo una actitud arrogante e incluso faltona, por no decir pelín macarra. “Éramos unos auténticos monstruos en dar dinero a las personas”, llego decir, al tiempo que defendió como la mejor opción la integración (en realidad, absorción) de la caja abulense en Bankia. Un monstruo, sin duda, el tal Martín Fernández.

En próximas semanas veremos como justifican su labor los cuatro antiguos presidentes de las comisiones de control de Caja España y Caja Duero, todos ellos destacados políticos del PP, los dos de la primera entidad completamente amortizados (los zamoranos Antonio Vázquez y Rosa Valdeón) y los otros dos de la segunda activos y en relevantes puestos (Salvador Cruz, portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes, y Jesús Encabo, nada menos que el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León).

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