La sentencia atribuye a Merino, consejero de Fomento entre 1991 y 1999, el cobro de un total de 331.737 euros “en contraprestación a su intermediación en contratos públicos valiéndose de sus influencias sobre cargos públicos de su misma formación política”. Y a continuación reseña el reparto de dos comisiones vinculadas a sendas adjudicaciones realizadas en 2.002, año en el que estaba al frente de la consejería el incombustible José Manuel Fernández Santiago.

Ambas obras habían sido adjudicadas a la empresa Teconsa, del grupo de origen berciano Martínez Muñez, implicado hasta las trancas en la trama Gürtel, incluido el astronómico contrato adjudicado por la televisión publica valenciana con ocasión de la visita del Papa a aquella comunidad. Por la primera de esas adjudicaciones, referente a la variante de Villasana de Mena, reseña la sentencia una mordida de 175.973 euros, 24.016 de los cuales asigna al entonces diputado del Congreso por Segovia, la misma cantidad que fue a parar a los bolsillos de Bárcernas, en tanto que “don Vito” Correa trincó casi 50.000.

La segunda adjudicación, referente a la variante de Olleros de Alba, es la que dio lugar en su día a una pieza separada instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ya que el juez instructor del caso matríz, Antonio Pedreira, detectó en el reparto de la mordida la presunta participación de Fernández Santiago, en ese momento (año 2010) presidente de las Cortes de Castilla y León. Pedreira le identificó con el cobro de los 24.000 euros atribuidos a las siglas TO, que relacionó con el apelativo Toti por el que siempre ha sido conocido el incombustible político abulense, que actualmente va por séptima su sexta legislatura consecutiva (27 años) como procurador de las Cortes.

El TSJ se ocupó en 2012 de dar carpetazo a la pieza separada, al descartar el delito de prevaricación y declarar prescrito el de cohecho, quedando exonerados de toda responsabilidad Fernández Santiago, lo mismo que el director general de Carreteras, Luis Antonio Solís, y determinados altos funcionarios de la consejería “sospechosos habituales” implicados con posterioridad en otras turbias adjudicaciones.

Y ahora la sentencia del caso Gürtel confirma que la mordida por la adjudicación de la variante de Olleros existió, atribuyendo a Merino el cobro de 18.600 euros, otros tantos a Bárcenas y 31.150 a Correa.

En consecuencia, el cobro de mordidas por obras adjudicadas por la consejería de Fomento queda judicialmente acreditado en sentencia de la Audiencia Nacional, con la consiguiente responsabilidad, siquiera “in vigilando”, del mencionado Fernández Santiago, quién después presidió las Cortes entre 2003 y 2011, y de que quién le nombró consejero, que no fue otro que Juan Vicente Herrera nada mas ser investido por primera vez presidente de la Junta.

El Topillo de Castilla y León