Ya se sabe que la Justicia se toma su tiempo y casi seis años han transcurrido desde aquel 21 de junio de 2012 en el que agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) irrumpieron por sorpresa en la sede de la consejería de Fomento en busca de pruebas del presunto amaño de un contrato sobre la variante de Guardo adjudicado por la dirección general de Carreteras de la Junta.

Como consecuencia de aquella actuación se sientan estos días en el banquillo de un Juzgado de lo Penal de Valladolid la funcionaria Belén González, técnico facultativo en dicha dirección general, junto al que fuera jefe de servicio de la misma, Jesús Martín Almeida, y los administradores de las empresas Eipsa y Civil 4, empresas favorecidas por el contrato presuntamente amañado, referente a la dirección facultativa de la variante de Guardo, adjudicada previamente a una UTE integrada por Sacyr y Río Vena (grupo Méndez Pozo).

En el origen de aquella actuación policial estaba una denuncia anónima, presumiblemente de alguna empresa de la competencia conocedora del modus operandi en las adjudicaciones de obras en carreteras de la Junta, que alertaba del amaño y del conchabeo existente entre esos adjudicatarios y determinados funcionarios y responsables de la dirección general. Tras detener “in situ” en la consejería a la mencionada funcionaria, incautarse del disco duro de su ordenador y de otra documentación, la UDEF pudo constatar la corruptela denunciada, que por otra parte no causó ninguna sorpresa a quien conociera ciertos antecedentes judiciales.

Y es que González y Almeida fueron dos de los funcionarios de Carreteras que, junto al propio director general, Luis Alberto Solís, fueron imputados en el año 2011 por presunto delito de prevaricación en la pieza separada del caso Gürtel abierta en relación con las obras de la variante de Olleros de Alba. Un caso al que dio carpetazo el Tribunal Superior de Justicia, que sobreseyó dichas imputaciones y declaró prescrito el delito de cohecho del que venía acusado el ex consejero de Fomento José Manuel Fernández Santiago.

Sin embargo, pese al sobreseimiento por parte del TSJ, la reciente sentencia del caso Gürtel declara literalmente “irregular” tanto la adjudicación de la variante de Olleros como la de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas, detallando el importe de las comisiones cobradas por los “conseguidores” que mediaron para que dichas obras recayeran en el grupo Martínez Núñez.

En el caso que ahora se juzga también resultó inicialmente imputado Solís, a quien después el juez instructor dejó fuera de la causa en un auto según el cual “a pesar de la constancia de algún enlace con los mismos, no ha sido acreditado su directo conocimiento y participación en los hechos”. El director general de Carreteras, inamovible en el cargo desde 1995, quedó así exonerado de un caso en el que su antigua mano derecha, Jesús Martín Almeida, y una subordinada de ambos, Belén González, se enfrentan a posibles penas de un año y ocho meses de presión, multa de 6.750 euros y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por presuntos delitos de revelación de información reservadas y fraude a un ente público. ¿Asumirá alguien en la Junta alguna responsabilidad política si se confirma la condena?

El Topillo de Castilla y León