Llegados a este punto disparatado, debería de ser propuesto que se penalizase la posesión de la verdad. Que cualquiera que diga la verdad, sea encarcelado. De ese modo, podríamos disfrutar de titulares, en las cabeceras de prensa del régimen, similares a este:

“Detenidos dos súbditos españoles por haberse encontrado que estaban en posesión ilegal de la verdad”

La noticia podría continuar de esta forma:

Los acusados, que insistían en señalar los hechos, indicaban cosas como que “al presidente del gobierno nunca lo han elegido los españoles” añadiendo con osadía que “no hay representación cuando no existe la libre elección de representantes; a los diputados no los eligen los votantes”. Ambos detenidos se encuentran a disposición de la justicia acusados de haber tratado de decir la verdad, ofendiendo de este modo a las personas que, pacíficamente, quieren opinar. La sentencia determinará además si existe un grave atentado contra la forma de Estado y de gobierno y si eso se demuestra, serán ejecutados inmediatamente por haber tratado de destruir el bien común y la justicia social.

El consenso político partidocrático, el miedo a vulnerar lo que es normalizado por el Estado como políticamente correcto y la apatía aquiescente de la sociedad civil española, incapaz de observar el régimen totalitario en el que vive, resulta en una serie de efectos cuya causa no son unas determinadas medidas de gobierno, sino el de la absoluta ausencia de libertad política. El carácter ilegítimo de cualquier régimen omnipotente cuyo poder no esté controlado, hace evidente la imperiosa necesidad de destruirlo para abrir un período de Libertad Constituyente, donde se pueda decir la verdad públicamente, y el libre pensamiento no esté cercenado por el yugo al que lo somete la fuerza coactiva del Estado.

Reformistas y reaccionarios acuden a los efectos, al desempleo, la inmigración o la corrupción, sin ver que únicamente se podrán encontrar soluciones a los problemas si previamente se ataja la causa que los produce. La democracia formal o política, inexistente en España, no es la solución a problemas concretos de la vida pública, es el sistema que permite que dichas soluciones puedan ser halladas libremente, con garantía en la libertad de cada uno de los ciudadanos.

La libertad no es un concepto del que se pueda ocupar un Ministerio del Interior, no consiste en la seguridad del ciudadano para deambular sin temor a ser agredido, como pretendía Montesquieu, sino la causa fundadora y fundante de derechos y acciones de gobierno.

Y ahora, corran… ¡corran todos a votar!