La convocatoria tiene dos líneas de subvenciones para actuaciones de conservación de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, situados en zonas rurales o en pequeños conjuntos históricos, dirigidas a entidades locales y a entidades privadas y particulares. En la provincia de Segovia, cinco ayuntamientos y ocho titulares privados de bienes inmuebles reciben ayudas.

La Delegación Territorial de la Junta ha resuelto la adjudicación de las ayudas correspondientes a 2018 en Segovia y cinco ayuntamientos de la provincia y ocho entidades privadas y particulares se benefician de un total de 139.007,97 euros para llevar a cabo actuaciones de conservación y restauración del patrimonio.

Ayuntamientos

En cuanto a las entidades locales, se distribuyen 77.776 euros entre los ayuntamientos de Samboal, para la recuperación del jardín de la iglesia de San Baudilio; Turégano, para el estudio de los revestimientos murales y paramentos de la iglesia de San Miguel; Sepúlveda, para las obras ejecutadas de rehabilitación del edificio del antiguo Registro; Riaza, para la sustitución del solado de madera en la planta baja, el salón de plenos y la sala de exposiciones de la Casa Consistorial; y el ayuntamiento de Cuéllar, con objeto de subvencionar los trabajos ejecutados para la exposición pública de parte de la necrópolis de la iglesia de San Martín.

Entidades y particulares

Las ayudas concedidas a particulares ascienden a un total de 61.231,97 euros. Entre los ocho beneficiarios, se encuentra el Obispado de Segovia, que recibe una subvención para las obras de reparación parcial de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Paradinas, y la Fundación Villa de Pedraza, para el proyecto de restauración, reparación y conservación de fachadas y dotación de nuevas carpinterías y de rehabilitación de la planta primera y actuaciones en la planta baja del inmueble sede de la Fundación, sito en el número 15 de la calle Real, dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Pedraza.

Con este tipo de actuaciones se persigue incrementar la concertación institucional y promover e impulsar la participación de los propietarios y demás titulares de derechos reales en la conservación y mantenimiento de los bienes culturales, así como en su conocimiento y valoración por parte de los ciudadanos.