Partimos de la idea de que todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo en velar por la salud de los consumidores, y desde la Alianza UPA-COAG como parte del sector remolachero de nuestra región así lo demostramos produciendo calidad.

Sobre el impuesto al azúcar, si los responsables políticos del Gobierno, señor Montoro al frente, estuvieran realmente preocupados por la salud pública de los españoles el problema deberían afrontarlo con actuaciones que favorezcan los hábitos saludables mediante medidas pedagógicas, educativas y sociales, y no desde el ámbito de más cargas fiscales al ciudadano.

Parece que, en este comienzo de legislatura, una medida de este calado respondería más bien a tocar el bolsillo de los españoles para cumplir con Bruselas y con Merkel, y por lo tanto para mostrar que somos dóciles ante los hombres de negro cumpliendo fielmente con el techo de gasto que nos han impuesto.

¿Sinceramente este nuevo impuesto a los españoles impactará en sus hábitos de consumo? Perdónenme que lo dude. Lo que sí conseguirá es poner en una situación muy complicada al sector remolachero- azucarero.

De hecho, con la puesta en marcha de esta medida impositiva corren serio peligro miles de empleos directos e indirectos que actualmente se generan en torno a esta actividad profesional en Castilla y León, lo que conllevaría una destrucción muy importante de tejido social y económico en nuestra comunidad autónoma.

La propia OCU, que vela por la salud de los consumidores, tiene dudas más que razonables sobre la utilidad de esta medida. Nosotros, como productores, consideramos que responde al afán del Gobierno por tapar agujeros en las cuentas públicas y recaudar a costa de las economías más modestas, porque su eficacia a niveles de racionalizar el consumo, promover la alimentación saludable y prevenir la obesidad no está ni mucho menos demostrada.