Para desgracia del PP de Castilla y León, esta vez la Justicia no ha sido tan lenta como acostumbra y en menos de un año el Tribunal Constitucional ha prestado el amparo solicitado por el grupo socialista de las Cortes Regionales, que recurrió ante tan alta instancia el soez bloqueo de la comisión parlamentaria creada en octubre de 2015 para investigar la llamada “trama eólica” y demás pufos (Perla Negra, polígono de Portillo, alquiler de embajadas, etc) perpetrados en el pasado por la consejería de Economía durante los anteriores gobiernos presididos por Juan Vicente Herrera.

Tras no recibir el amparo solicitado en su día a la Mesa de las Cortes, los socialistas decidieron recurrir al TC, entendiendo que el descarado obstruccionismo ejercido por el grupo popular, por aquel entonces presidido por el propio Herrera, estaba vulnerando sus derechos constitucionales. Y el Alto Tribunal ha dictado sentencia otorgando el amparo solicitado, lo que deja al PP autonómico con las vergüenzas -en realidad, desvergüenzas- completamente al aire.

La comisión ha permanecido bloqueada durante tres años, justamente desde que en febrero de 2016 todos los demás grupos parlamentarios solicitaran una ampliación de las escasas comparecencias admitidas por el PP (43, de las cuales 31 eran a propuesta suya), proponiendo conjuntamente una nueva relación de nombres que incluía el del presidente de la Junta. A partir de ese momento, el presidente de la comisión, el entonces viceportavoz popular Juan José Sanz Vitorio, decidió -obviamente siguiendo las consignas de Herrera- ponerse el mundo por montera y bloquear los trabajos con todo tipo de burdas excusas, sin proceder siquiera a dar curso a las 43 comparecencias ya aprobadas.

En septiembre de ese año, tras la minicrisis de gobierno originada por la renuncia de Rosa Valdeón a su cargo de vicepresidenta, Sanz Vitorio fue designado nuevo portavoz del grupo popular, siendo relevado en la presidencia de la comisión bloqueada por el procurador salmantino Julián Ramos, quien mantuvo la paralización de los trabajos, dando así motivo al amparo solicitado por el grupo socialista. Entretanto, el 1 de abril de 2017 Alfonso Fernández Mañueco, se convertía en nuevo presidente del PP de Castilla y León y de su grupo parlamentario en las Cortes, destituyendo de la portavocía a Sanz Vitorio para confiar la misma a Raúl de la Hoz, quien por cierto había sido hasta entonces el segundo representante del grupo popular en la comisión de investigación paralizada.

Pese a que Fernández Mañueco llegó a anunciar su propósito de desbloquear la investigación, lo cierto es que la comisión ha seguido durmiendo el sueño de los justos, haciéndose así corresponsable de la vulneración de derechos reconocida por el Tribunal Constitucional. Tras esta sentencia se supone que al grupo popular no le quedará más remedio que volver a convocar la comisión, aunque, habida cuenta de que a primeros de abril quedaran disueltas las Cortes, difícilmente habrá tiempo material de celebrar las comparecencias.

En todo caso, del bochorno de verse obligado a reunir la comisión no se va a librar el PP, que, tras el auto judicial conocido el viernes sobre el caso Perla Negra, lleva un mes de febrero ciertamente horribilis…

El Topillo de Castilla y León