La inmigración vuelve a estar estos días en la agenda política, si es que alguna vez ha salido de ella. Los 25 países que integran la Unión Europea intentan buscar un acuerdo que permita endurecer la lucha contra la inmigración irregular. En Europa se calcula que hay ocho millones de ‘sin papeles’. La cifra en España asciende a 250.000, y en Segovia puede estar en torno a 2.500, en especial los ligados a la atención de las personas mayores en sus domicilios.

La inmigración es un tema polémico donde les haya, en torno a la cual pueden aparecer las tensiones y odios más recónditos del ser humano hacia los diferentes. También despierta el recelo de los ciudadanos de origen hacia la inmigración, que ven en ella un recorte de sus derechos y una quiebra de sus costumbres. Pero el problema tiene múltiples aristas, a veces difíciles de entender. Les contaré una anécdota: Unos días antes de las últimas elecciones generales una señora me abordó en barrio de La Albuera. Se confesó votante del PSOE hasta ese momento, pero me anunció que no votaría a este partido. Le pregunté por qué y me explicó que “los vecinos de su hijo, en una zona céntrica de la ciudad, eran polacos, y le molestaban con ruidos continuamente, día y noche”. Le pregunté si habían formulado denuncia, y contestó que no. Su actitud no es muy distinta a la de otros muchos segovianos y españoles.

En la última legislatura el Gobierno socialista ha avanzado notablemente con respecto a las anteriores en dos cuestiones que considero son claves para que los españoles no tengan la sensación de pérdida de derechos y se evite la explotación de inmigrantes, y otros muchos efectos perversos asociados al fenómeno de la inmigración. Estas son: la ordenación de la inmigración y el refuerzo de los procesos de integración. Aún así, la realidad percibida es muy distinta. Y el Gobierno de España, como actor principal del proceso, se lleva la peor parte.

Durante los últimos cuatro años la ordenación de la política de inmigración del Gobierno socialista se ha sustentado en dos pilares: inmigración unida inexcusablemente a un puesto de trabajo; y repatriaciones y refuerzo de fronteras. Para ello se llevó a cabo un proceso de regularización que normalizó la situación administrativa de un millón y medio de inmigrantes en España, en Segovia 1.600. Esta situación, generada en gran parte por la ausencia de una política en materia de inmigración de los anteriores gobiernos, permitió sacar a este colectivo de la economía sumergida –en Segovia representaba el dos por ciento de la población activa-, y evitar la competencia desleal entre empresarios. A su vez, se ha repatriado a 350.000 inmigrantes, un 43% más que la anterior legislatura. Pero aún así, pintan bastos.

En materia de integración se ha avanzado pero no lo suficiente. El Gobierno en los últimos cuatro años ha incrementado casi un 800 por ciento su presupuesto para este fin. Sin embargo, la empresa es difícil. Requiere el liderazgo de las comunidades autónomas, a las que compete la materia, y coordinación e implicación de las corporaciones locales y de la comunidad educativa. En esta materia es clave el respeto a las reglas del juego, que no son otras que la ley y el ordenamiento. El inmigrante que delinque o quiebra el marco normativo sabe que se expone a la expulsión. Así lo hemos hecho quienes hemos tenido competencia en la materia en los últimos años. Por eso suena a oportunismo político el denominado ‘contrato de integración del inmigrante’. Esta figura, si algún día llegase a materializarse, sería redundante con la legislación y sólo aumentaría la carga burocrática. Algunos ven en ella un importante rédito político –que sólo sería a corto- para su opción política; pero nada más.

No hay que olvidar que España, pero también Segovia, tienen un importante déficit demográfico y un alto envejecimiento de la población. Vamos a seguir necesitando inmigrantes para mantener nuestro nivel de bienestar. Pero la inmigración siempre ha estar ordenada e integrada, con garantía plena de sus derechos civiles, que son los nuestros recogidos en la Constitución. Por eso es lógico que Europa a través de una directiva quiera ampliar los plazos para garantizar la repatriación de aquellos que no acceden a nuestro territorio respetando el marco normativo.

Juan Luis Gordo