Sobradamente conocida es la torticera utilización que con frecuencia se ha hecho de los tres escaños del Senado que constitucionalmente corresponde nombrar a las Cortes de Castilla y León. PP y PSOE, los dos únicos partidos que históricamente han tenido acceso a dicha representación, no tienen en esto mucho que reprocharse. Ambos han hecho mangas y capirotes con esos codiciados escaños.

El PP los utilizó en pocas ocasiones con el espurio objetivo de proporcionar aforamiento a consejeros de la Junta sospechosos de tener cadáveres en el armario. Y en el PSOE produjo bochorno el abuso personal de esa prerrogativa por parte de Óscar López, quien se permitió incluso utilizar a un suplente de quita y pon.Y ambos, PP y PSOE, han utilizado esos escaños en función de intereses puramente de partido o para resolver problemas internos de las respectivas formaciones, como ocurrió con el ahora desalojado Ignacio Cosidó, a quien, por orden de Mariano Rajoy, se le reservó el escaño durante un año, y va a ocurrir con la socialista Teresa López, catapultada por esta vía hacia al Senado con tal de que se quite de en medio de la Diputación y deje expedito el camino para renovar el PSOE vallisoletano.

Pero pese a tan descarada instrumentación partidista, nunca se había llegado a la obscenidad que supone la usurpación de uno de esos escaños autonómicos por parte de un dirigente político absolutamente ajeno a la comunidad autónoma, como es el alavés Javier Maroto, vicesecretario nacional de Organización del PP. Cuando días atrás su nombre apareció en las quinielas, “El topillo” no pensó que pudiera perpetrarse algo que supera todos los limites de la desfachatez política. Y va a ocurrir el próximo martes, día en el que las Cortes procederán a renovar a los tres senadores supuestamente encargados de defender los intereses de Castilla y León.

Por obra y gracia de Pablo Casado, inductor de la ignominia, y Alfonso Fernández Mañueco, disciplinado ejecutor del oprobio, Maroto, que en las pasadas elecciones generales perdió su escaño de diputado por Álava, se convertirá en senador en representación de Castilla y León. Un fraude político en toda regla, si es que no también un puro fraude de ley, ya que el susodicho ha necesitado empadronarse deprisa y corriendo en Segovia para poder cumplir el requisito de ser residente en esta comunidad autónoma. Y en todo caso una afrenta a la ciudadanía castellano-leonesa.

¿Y qué dice de esta fechoría política Ciudadanos, el celoso guardíán de la “regeneración democrática” y socio del PP en la Junta de Castilla y León? Pues, a tenor de lo manifestado por su portavoz en las Cortes, Ana Carlota Amigo, no ve nada extraño en la operación. Es más, Amigo se declara sorprendida ante la lógica polvareda que ha levantado el caso. Ya lo advirtió Pedrouve: ¡“Joder, que tropa...!

El Topillo de Castilla y León