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Juan Luis Gordo
Domingo, 3 de diciembre de 2017

El cupo frente a la financiación autonómica

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“Es el momento de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica que avance hacia un modelo más equitativo y solidario, a la vez que incida en la corresponsabilidad fiscal”.

Soy uno de los 292 diputados que votó hace unos días a favor del cupo vasco. Lo hice por responsabilidad política. A nadie se le escapa que España no atraviesa por el mejor momento. El problema catalán ha generado una enorme inestabilidad social, económica y política. Aplazar o denegar la aprobación del cupo en estos momentos nos hubiese llevado a abrir un nuevo frente territorial con el País Vasco y a generar más tensiones políticas en un momento en el que se atisba algo de luz ante cuestión catalana. En estos momentos, la aprobación del cupo para los próximos cinco años  es el  “coste de oportunidad” para evitar otros potenciales problemas mayores. Bien es cierto que algunos, en el sentido más amplio, apuestan por el oportunismo político y hacen de la demagogia una oportunidad para mejorar sus expectativas electorales en las próximas elecciones catalanas. Anteponen de esta manera sus intereses a los del Estado.

 

El cupo vasco tiene profundas raíces históricas. Desde hace 137 años ha estado vigente en el País Vasco de forma continua, salvo en Guipúzcoa y Vizcaya durante el franquismo, al considerar la Dictadura a estas provincias traidoras a su causa. Este régimen especial de financiación, legitimado por la Constitución en el 78, determina que el País Vasco aportará a las arcas del Estado los ingresos necesarios para compensar los servicios no transferidos. Un privilegio constitucional si tenemos en cuenta la financiación por habitante-ajustado de la que han venido gozando otras comunidades autónomas desde el 78, lo que le lleva a entrar en colisión con el precepto constitucional recogido en el artículo 138.2. El problema no es el concierto en el que se fundamenta el sistema de financiación, sino el cálculo del cupo. Otros regímenes especiales de financiación que conviven con el régimen común, como el de Navarra, Canarias o Ceuta y Melilla presentan también especificidades que convendría solventar en una futura reforma constitucional,  o en un nuevo modelo de financiación autonómica lo antes posible.

 

El actual modelo de financiación autonómico asigna el 90 por ciento del  fondo presupuestario a cada una de las 14 comunidades autónomas acogidas al régimen común en función de la población de cada comunidad. El otro 10 por ciento se asigna teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y su dispersión en el territorio. Un modelo que no garantiza la equidad e igualdad entre los españoles, y tampoco el principio de suficiencia financiera para hacer frente a las competencias asumidas por cada Estatuto autonómico, así como la graduación de asimetrías para dar consistencia a la solidaridad. Bien es cierto que no existe ni existirá un modelo de financiación autonómico que dé respuesta de forma óptima a los principios que han de presidir el modelo.  En la última Conferencia de Presidentes autonómicos se acordó crear una comisión de expertos para el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómico de régimen común, con el ánimo de ponerlo en funcionamiento en 2018. En dicho encuentro no participaron ni Cataluña ni el País Vasco.

 

Es el momento de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica que avance hacia  un modelo más equitativo y solidario, a la vez que incida en la corresponsabilidad fiscal, tanto en ingresos como en gastos. Se han de evitar los factores que pueden quebrar la unidad de mercado desde la óptica de la equidad horizontal y vertical, siendo necesario para ello el compromiso multilateral de todos, incluidos las comunidades de régimen especial. Es el momento de fijar las reglas del juego de forma transparente y consistente, y penalizar a quien se las salte. Sólo de esta forma evitaremos lo que nos acaba de ocurrir. Para que este proceso sea consistente se requiere el acuerdo multilateral de las partes, lo que no es nada fácil. Apostar por la armonización fiscal es necesario y sensato, para evitar discriminaciones entre los españoles, pero es más fácil que ésta llegue por la vía del acuerdo europeo que cristalice en el próximo modelo de financiación, lo que no impide que se pueda avanzar en la convergencia. 

 

No olvidemos que cualquier modelo de financiación no es más que un algoritmo para la asignación de recursos. Su bondad está en relación directa con la cantidad de recursos que reparte y cómo garantiza la solidaridad y equidad en la asignación de recursos, así como su contribución a la redistribución de la renta y estabilidad de la economía, corrigiendo desequilibrios económicos como el paro o los precios. En los próximos presupuestos, en caso de aprobarse, el input a repartir sería del orden de los 200.000 millones de euros ingresos, recuperando el nivel de 2007. Un nuevo modelo de financiación de régimen común va unido inexorablemente a la necesidad de contar con unas nuevas cuentas públicas que generen confianza económica, estabilidad política y fomenten el bienestar. Este paso requiere también coherencia entre lo que se pide y lo que se ofrece, sabiendo que la solución óptima no existe y que la esencia de la política es “parlamentar” para llegar a acuerdos.  Lo demás es palabrería.  

 


Juan Luis Gordo es diputado del PSOE por Segovia
www.juanluisgordo.es

 

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