Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Pedro M. González
Martes, 5 de diciembre de 2017

No más corrupción no equivale a más leyes

Guardar en Mis Noticias.
Noticia clasificada en: Corrupción Criterios Opinión

No hacen falta más leyes para acabar con la corrupción. Tampoco más organismos de control, comisiones ni agencias. Sólo que la Justicia sea independiente.

Si en España no se reconoce legalmente la independencia de la Justicia, dejando así de confundir la institucional con la personal de los jueces, no es de extrañar que se confunda también la politización de su gobierno con el derecho a la ideología de cada magistrado. Percibiendo esta realidad no es difícil percatarse del error de enfoque que supone proponer como solución institucional al control político de la vida judicial tan solo la incompatibilidad personal con la política de los miembros de su órgano de gobierno mientras les sigan eligiendo los partidos de estado.

 

De poco sirve dicha medida si la elección de esos candidatos no adscritos jamás políticamente a cargo público sigue en manos del mismo poder político a través de la propuesta de cuotas por Congreso, Senado o Gobierno, en realidad uno y trino poder partidocrático. Y es que la razón de dependencia no está en la ideología personal del candidato, inherente a su condición humana, sino en la de subordinación por razón de elección y haberes.

 

La independencia de la Justicia de los poderes políticos del Estado y de la Nación, no prevista ni institucionalizada si quiera en el texto de 1978 sólo se consigue mediante la elección directa de su rector mayoritariamente por todo el orbe jurídico para que nombre presidencialmente su gobierno con limitación temporal de su mandato y presupuesto propio.

 

Otra cosa es la independencia personal de los jueces y magistrados para dictar resoluciones, prevista en el artículo 117.1 de la Constitución Española. En este último caso, las más elementales normas de higiene y dignidad exigen que el miembro de la jurisdicción que luego ostente cualquier cargo político, o si quiera que se postule al mismo, no pueda reincorporarse a su puesto en un plazo prudencial, que García-Trevijano en su “Teoría Pura de la República” fecha en cinco años, y en todo caso, nunca en su misma plaza o puesto que dejara vacante en su día.

 


Pedro M. González
Original publicado en el Diario Español de la República Constitucional
diariorc.com

 

Segovia al día | Noticias de Segovia
Segovia al día • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress