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Roberto Centeno
Lunes, 12 de febrero de 2018

Tormenta perfecta: salarios, pensiones y deuda

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Noticia clasificada en: Economía Nacional

Consecuencia directa de la desastrosa gestión de la crisis catalana por parte de Rajoy y su Gobierno, ha sido el hecho de que la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplazados a esta región viendo cómo los Mossos, cuya deslealtad no sería tolerada en un Estado de derecho, con una eficacia, preparación y carga de trabajo muy inferior a la suya ganan mucho más, les ha llevado a exigir lo obvio: la equiparación salarial.

 

Exigencia que han hecho suya la totalidad de funcionarios del Estado, cuyos agravios salariales en relación a los enchufados autonómicos —la mayoría ha accedido a su puesto a dedo o similar— son abrumadores. Hasta 21.000 euros anuales menos en el mismo puesto respecto a Cataluña y País Vasco.

 

 

Funcionarios y pensionistas, en pie de guerra

 

Sin embargo, esta discriminación sangrante no es nueva, es una de las muchas consecuencias del nefasto Régimen del 78. Las legiones de familiares, correligionarios y amigos enchufados en autonomías, empresas públicas y ayuntamientos, con salarios muy superiores a los funcionarios de carrera, fueron masivas. Y a día de hoy el descontrol es tal que ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos hay. La EPA dice que tres millones; la Seguridad Social que 3,2 millones; el INE, siempre al servicio de las necesidades políticas del Gobierno de turno —lleva manipulando las cifras de PIB desde 2008—, 2,5 millones; la Agencia Tributaria en ‘Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias’, la más exacta sin duda, 3,4 millones, ¡900.000 más que lo que cuenta el INE!

 

Pero además, según la ‘Encuesta europea de condiciones laborales’, los españoles son los empleados públicos de la UE que más cobran en relación a los del sector privado (debido a los sueldos disparatados de dos millones de enchufados), solo superados por Luxemburgo, un 44,3 % más. Entre 1999 y 2012, los salarios públicos crecieron sensiblemente por encima de los privados hasta superar la media de la OCDE, y desde 2012 a 2017 los salarios públicos apenas crecieron, pero los del sector privado se hundieron, lo que amplió aún más la diferencia. En los últimos 25 años, el número de empleados públicos se duplicó, algo que no ha sucedido en ningún otro país desarrollado, donde en la mayoría bajó como consecuencia de las espectaculares mejoras tecnológicas.

 

En todo caso, y con independencia de la insostenibilidad del despilfarro del Estado autonómico, lo cierto es que los empleados públicos, con la Policía Nacional y la Guardia Civil a la cabeza, están en pie de guerra contra Rajoy y su Gobierno que además les ha mentido. Pero no solo ellos, otro colectivo mucho más importante aún, los jubilados, está empezando a movilizarse, aunque de momento solo por la continua pérdida de poder adquisitivo. Y sin embargo esto es solo el chocolate del loro en comparación con los recortes que les esperan.

 

La OCDE ha presentado en Madrid, hace dos semanas, un informe demoledor sobre las pensiones valorando los efectos que sobre las mismas tendrán las últimas reformas, esas que la Sra. Bañez dice no saber cómo afectarán a las prestaciones futuras de los jubilados, cuando ha sido su ministerio quien las ha diseñado. Para la OCDE, que sí lo ha calculado, la conclusión es devastadora, “la tasa de sustitución —la cuantía que representa la pensión media respecto al salario medio— caerá del 83% actual al 46% en los próximos años”. En román paladino, las pensiones acabarán cayendo casi la mitad, y el secretario de Estado de la Seguridad Social lo justifica porque “la tasa de sustitución es una de las más altas de la OCDE”.

 

Pero lo que no dice es que las cuotas de la Seguridad Social son también de las más altas de la OCDE y que el salario medio es de los más bajos. O que durante los años ochenta los fuertes excedentes de la Seguridad Social cuando no había cajas separadas fueron empleados en financiar el gasto del Estado, decenas de miles de millones actuales expoliados a los pensionistas y nunca devueltos. Y menos aún que el factor de sostenibilidad que se aplicará a partir de 2019 —se reparte solo lo que hay en función de la esperanza de vida— supondrá un recorte drástico en las nuevas pensiones, y más reducciones en las actuales.

 

Y que ante este recorte de pensiones, ante los salarios de hambre en los nuevos empleos creados —entre 600 y 900 euros—, no es de extrañar el desplome en las expectativas de voto del PP, ya superado ampliamente por Cs. Tanto que dentro del desconcierto político actual solo una cosa es segura: Rajoy jamás volverá a ser presidente. Aun en el caso más optimista que pueda soñar la cúpula del PP, que no se hunda como UCD y vuelva a ser el partido más votado, con seguridad absoluta perderá escaños, pero con más seguridad aún ningún partido apoyará jamás un Gobierno del PP con Rajoy al frente. Esto es tan obvio que resulta incomprensible el que Rajoy no dé un paso atrás, solo el deseo de blindarse judicialmente puede explicarlo, aunque no justificarlo.

 

 

El BCE, a punto de cerrar el grifo

 

Y sin embargo en el Foro de ABC Deloitte, Rajoy no tuvo problema en afirmar que “hemos recuperado todo el PIB que destruyó la crisis, así como la recaudación fiscal y los dos tercios del empleo, avanzamos en la buena dirección”. Después de haber destruido un 12% de la clase media y empobrecido a toda ella, y arruinado a cientos de miles de pymes y autónomos. Después de endeudar a la nación en 1,1 billones de euros —457.000 millones Zapatero y 645.000 Rajoy, la mayor de nuestra historia en términos de PIB, después de llevar a la quiebra a las pensiones, tiene la osadía de afirmar que hemos recuperado toda la riqueza. Rajoy nos toma por imbéciles. Resulta que los euros de 2007 son iguales a los de 2017, y 1,16 millones de PIB y 509.000 millones de deuda en 2007 es igual a 1,16 millones de PIB y 1,58 billones de deuda hoy.

 

Respecto a la recaudación fiscal, oculta que ha elevado la carga fiscal sobre las familias al máximo de todos los tiempos. El PP ha subido 30 impuestos y sigue en ello, solo en 2017 subió 5.505 millones. En los grandes, en IVA el tipo reducido del 7% en 2007 es del 10% hoy, y además numerosos bienes han pasado del reducido al general; el tipo general, que era del 16%, es hoy del 21%. En IRPF, ha subido en todos los tramos y ha suprimido numerosas deducciones. En forma resumida, el salario medio en España fue de 23.106 euros en 2017, en 2011 este nivel de renta tributaba al 28%, hoy tributa al 30%. El IBI ha subido de media un 71% y hay nuevos ‘catastrazos’ para 2018. El expolio no cesa.

 

Y entre tanto, ¿quién se ocupa de los problemas reales de los españoles? Llevamos 16 meses sin gobierno y la parálisis continúa. Y lo más inaudito es ver cómo analistas reconociendo las catastrófica gestión en casi todo añaden, “excepción hecha de la economía y del empleo, que han mejorado”. Cuando cada nuevo euro de PIB necesita varios euros de deuda, cuando el 90% del empleo creado es tan miserable que, como afirma Bruselas, “no permite salir de la pobreza”, hablar de mejora es un desprecio a la verdad y un insulto a los españoles. En 2012 fue Draghi, y no Rajoy, quien salvó la economía española con sus préstamos ilimitados. Pero en lugar de sanear la economía y realizar los recortes necesarios, el irresponsable de Rajoy mantuvo el despilfarro y el descontrol del gasto con el FLA y el rescate bancario, generando un burbuja de deuda impagable del 137% del PIB, y no del 99% como afirman los analistas que no analizan, que arruinará a generaciones.

 

El BCE es el principal comprador de deuda, pero eso se acaba este año, y entonces ¿donde piensa Rajoy obtener los 230/240.000 millones de euros anuales que necesita para renovar vencimientos y cubrir los nuevos déficits? Además, en 2019 las subidas de tipos serán inevitables, ¿cómo nadie puede pensar que tipos de interés negativos en la deuda española, mientras en EEUU se paga el 2% hoy y el 3% a fin de año, son sostenibles? Cada punto de interés supondrá 15.800 millones al año más. Solo hay dos salidas, o la quiebra o el fin del Estado autonómico, que supone un despilfarro anual de 100.000 millones respecto a un Estado descentralizado. O autonomías o pensiones, o autonomías o salarios miserables para la mayoría, o autonomías o la ruina para los próximos 50 años.

 


Este trabajo de Roberto Centeno está protegido bajo licencia Atribución Creative Commons-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Internacional 
Roberto Centeno es Doctor Ingeniero de Minas. Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de Economía.
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